sábado, 20 de agosto de 2016

El fallo de la Corte sobre las tarifas del gas, es un avance parcial que dejó afuera de la medida a sectores claves.

Declaraciones de la diputada provincial (FPV-PJ) Alicia Sánchez sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto a las tarifas de gas:

La diputada provincial (FPV-PJ) Alicia Sánchez, consideró que el fallo de la Corte Suprema de Justicia referida a las tarifas de gas “es un avance parcial porque anuló el incremento para los usuarios residenciales y dejó afuera de la medida a sectores claves de la producción como las pymes, el comercio, la industria, las fábricas recuperadas y las cooperativas, entre otras, que son las que invierten y sostienen las fuentes de trabajo de los argentinos".

Además agregó, que “este sector de la economía ha quedado totalmente desprotegido, viendoamenazada la continuidad de su actividad por no poder afrontar los aumentos, sin perder de vistaque la suba de las tarifas se traslade irremediablemente a los precios de los productos. Lo cual generará mayor desempleo e inflación”.

“Esto significa, que la declaración de nulidad de las resoluciones del Ministerio de Energía y Minería por parte de la Corte, dejó afuera al 74% de los consumidores de gas. En este sentido, las empresas de gas dejarán de percibir unos 20 mil millones de pesos que preveían con el aumento sobre 80 mil millones. Quedando en evidencia cómo este fallo colabora con un modelo de país que beneficia los intereses de las empresas privadas en detrimento de los intereses del pueblo al cual representa”.

Por otro lado, destacó: “esta sentencia sólo resguardó, provisoriamente hasta que se realice la Audiencia Pública no vinculante, a los usuarios residenciales que representan el 26% del consumo de gas. Esto significa que muchas familias, no deberán pagar los aumentos de gas impuesto por el Gobierno a través de las resoluciones 28 y 31 en marzo de este año, anteriormente anuladas por la Cámara Federal de La Plata. De esta manera, las empresas de gas tendrán que re-facturar con los valores vigentes a comienzos de este año y tampoco podrán cobrar retroactivo”.

También señaló que “las tarifas de los servicios públicos no son un precio. Existen para sustraer esta actividad de la economía de mercado y someterla a una regulación especial para proteger a la gente. No para perjudicarla, ni tampoco para que quede librado a intereses privados. Acá están en juegoderechos adquiridos. El derecho a una vivienda digna y sustentable, implica poder calefaccionarse cuando hace frío, acceder a la electricidad, contar con agua potable. Son todos derechos fundamentales que se ponen en riesgo con el aumento tarifario”.

“Por eso, la importancia de las audiencias públicas, que es una instancia que se estableció por ley para garantizar la participación ciudadana. Pero para eso, es indispensable que se brinde toda la información necesaria para que el usuario vaya en un nivel de igualdad a discutir las cuestiones de los aumentos junto con el gobierno y las empresas”, aseguró la diputada Sánchez.

Y concluyó: “el desafío es ganar las calles, los espacios de debate y todos los ámbitos posibles, para ejercer nuestros derechos a la información y a la participación como ciudadanos, como así también bregar y luchar por tarifas más justas y razonables, porque este brutal aumento tarifario está poniendo en riesgo derechos humanos fundamentales”.
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