domingo, 30 de septiembre de 2012

“Es una manera de retribuir las obras que hace el Estado”

La diputada kirchnerista Alicia Sánchez defendió su proyecto para exigir a los futuros countries que se emplacen en territorio bonaerense la cesión de tierras para viviendas sociales y sostuvo que los desarrolladores inmobiliarios “no tendrán que donar nada, sólo devolver al Estado lo que usufructúan de todas las obras en las que el Estado invierte, en asfalto o equipamiento de servicios”.

“Nosotros –agregó Sánchez– no estamos en contra de los countries, el que tiene, puede hacer con su dinero lo que quiera, pero tiene el deber de contribuir ”. La iniciativa tendría tratamiento antes de fin de año, después de la aprobación del presupuesto 2013 y las reformas al régimen fiscal que prevé aumentos en Inmobiliario, Patentes y nuevo gravamen para los pooles de siembra.

El proyecto debe agotar el trámite de comisión, obtener despacho y posterior debate en el recinto. Sánchez, esposa del dirigente Luis D'Elía , comparte la autoría con otros dos diputados. Ayer, la legisladora explicó que “ el pago podrá realizarse con una donación de tierra o efectivo que se usará para hacer viviendas populares . Y si no quieren que los sectores populares estén cerca, habrá que hacer una inversión para comprar en otro lado”, fue la aclaración.

El proyecto prevé, además, la regularización dominial y escrituración social traslativos a las familias que habitan en las mil villas y asentamientos del territorio bonaerense. También contempla el “traslado de núcleos habitacionales” , aunque no especifica cuál será la estrategia y los recursos para sostener el plan.

Según el diputado Marcelo Saín (Nuevo Encuentro), la propuesta “no tiene que ver con los emprendimientos privados; intenta promover el derecho a la vivienda y el hábitat de los sectores más marginados”.

Saín considera necesario que los grandes emprendedores inmobiliarios “cedan a los municipios el 10% de la superficie total del predio a desarrollar o el dinero equivalente”.

El esquema funcionaría como una “imposición legal” para las obras a construir, una vez sancionada la norma, que excedan los 5.000 metros cuadrados.


Fuente: Clarín
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